El Estado es el mayor demandante de bienes y servicios en la economía. La Organización Mundial
del Comercio (OMC) estima su participación entre el 10% y el 15% del producto bruto interno
(PIB) mundial.

La importancia de las compras públicas no es solo una consecuencia de la magnitud de los
recursos involucrados, sino que se relaciona con la incidencia que las mismas tienen en 1) la
eficiencia con que el Estado desarrolla sus actividades y presta los servicios públicos y 2) las
relaciones que el Estado establece con diferentes actores sociales –empresas proveedoras,
trabajadores públicos y privados y la ciudadanía en general.

Pero además, las compras públicas y la forma en que se llevan a cabo pueden tener múltiples
implicancias económicas, sociales y ambientales. En efecto, las adquisiciones gubernamentales
pueden ser utilizadas como herramienta de política para promover diversos objetivos en materia
económica (estimulando determinados tipos de empresas y sectores considerados estratégicos, así
como el desarrollo de economías regionales y locales), ambiental (facilitando procesos productivos
consistentes con la sostenibilidad ambiental) y social.

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